El anuncio reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre el fortalecimiento de operativos contra la inmigración indocumentada ha causado inquietud en la comunidad agrícola de la Costa Central. ICE ha confirmado que busca intensificar la detención de personas sin estatus migratorio legal y aplicar sanciones a las empresas que los empleen.
Sin embargo, para muchos agricultores locales, este tipo de pronunciamientos no representan una sorpresa. Javier Zamora, propietario de JSM Organics, emplea a cerca de 30 trabajadores esta temporada, algunos de ellos con visa H2A. Él asegura que este tipo de amenazas ya son comunes.
“Eso no es nada nuevo. Ellos amenazan y dicen que probablemente estén llevando acciones. En realidad, yo pienso que deben de pensar dos veces, porque al final si los llevan a todos, no sé cómo van a hacer para comer. Somos parte del sustento de la comunidad”, afirmó Zamora.
Las posibles sanciones contra empresas incluyen multas, la revocación de licencias comerciales e incluso cargos penales en casos graves. ICE argumenta que estas medidas buscan proteger los derechos laborales y reforzar la seguridad nacional.
Por su parte, María Catalán, de Catalán Family Farms, expresó su preocupación por el clima de inestabilidad que estas políticas están generando.
“Es muy injusto, ¿no? Me siento con mucha presión, con mucha inestabilidad, mucha inseguridad, mucho temor”, comentó Catalán.
El anuncio también coincidió con un paro laboral propuesto del 16 al 18 de julio, como protesta contra las redadas. Aunque algunos trabajadores decidieron no participar por compromisos laborales, como en JSM Organics, en Catalán Family Farms cerca de 12 trabajadores optaron por no asistir el 17 y 18 de julio.
“Hubo trabajo que no se pudo hacer, que se tuvo que posponer. Se va atrasando el trabajo”, lamentó María Catalán.
La Fundación de la UFW (United Farm Workers) ha reiterado su compromiso de lucha en contra de las acciones del gobierno federal que, aseguran, atentan contra el bienestar de los trabajadores agrícolas.
