(Watsonville, California febrero 21 2025). – Un significativo número de estudiantes de la preparatoria de Watsonville, acompañados de maestros y consejeros, realizaron una protesta pacífica para alzar su voz en contra de las deportaciones, la separación de familias y exigir que se respeten los derechos de los inmigrantes. Esta manifestación tuvo lugar en el marco de la Semana por la Justicia Social, un evento que busca sensibilizar a la comunidad sobre problemas sociales urgentes.
Entre los jóvenes que participaron en la protesta, Valeria Guzmán, estudiante de la preparatoria, destacó el apoyo hacia las personas afectadas por las políticas migratorias de la administración actual. “Estamos representando y apoyando a toda la gente que está siendo afectada por los diferentes problemas que estamos enfrentando por la administración”, mencionó Guzmán. “Nuestro mensaje es claro: no vamos a dejar que esto siga ocurriendo. No nos vamos a quedar callados.”
Kimberly González, otra estudiante que se unió a la protesta, también expresó su preocupación por la situación que enfrentan las familias inmigrantes. “Estamos con todos nuestros maestros, con nuestros consejeros, con nuestros compañeros, para hacer esta protesta pacífica”, dijo González. “El no tener miedo a regresar a nuestras casas y no encontrar a nuestros familiares es uno de los principales temas que queremos que se resuelvan de manera justa.”
Los maestros que apoyaron la manifestación también subrayaron la importancia de que los jóvenes se expresen en situaciones sociales bajo un ambiente pacífico. Alejandra Magaña, maestra de la preparatoria de Watsonville, comentó: “Los estudiantes organizaron esta protesta pacífica como parte de su compromiso con las justicia sociales.”
Por otra parte Magnolia Zárraga, abogada especializada en inmigración, habló sobre una reciente directiva del gobierno federal que ha detenido indefinidamente el procesamiento de solicitudes de inmigración presentadas por personas que ingresaron al país bajo programas de “Parole Humanitario”. Esta suspensión afecta principalmente a personas provenientes de América Latina y Ucrania, y ha sido justificada por preocupaciones sobre fraude y seguridad, según los documentos oficiales.
Zárraga explicó que “aunque estas personas ya ingresaron al país y aplicaron para programas legales, ahora se está deteniendo el procesamiento de sus aplicaciones. Se les recomienda que se asesoren con sus representantes legales para explorar otras opciones de legalización.”
La pausa administrativa también ha afectado a aquellos que intentaban cambiar su estatus migratorio, particularmente a quienes solicitaban protección adicional, como el Estatus de Protección Temporal (TPS). La nueva directiva impide a los funcionarios de inmigración procesar estas solicitudes si provienen de migrantes admitidos bajo las políticas de libertad condicional de la administración de Joe Biden.
El cambio afecta a beneficiarios de programas específicos, como el CHNV (para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), y el proceso de reunificación familiar para cubanos, ecuatorianos y colombianos. Algunos países con ciudadanos que se benefician del TPS incluyen El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Los abogados de inmigración han señalado la importancia de consultar con expertos legales antes de tomar cualquier decisión. “Es crucial que se asesoren correctamente, porque una mala recomendación podría resultar costosa”, advirtieron.
