En la Costa Central crece el movimiento comunitario que busca transformar la agricultura convencional hacia prácticas más saludables y sostenibles. La organización CORA (Comunidades Organizadas por una Reforma Agrícola) tiene un objetivo claro: eliminar el uso de pesticidas convencionales en los campos agrícolas que rodean a comunidades vulnerables, especialmente a las escuelas.
Mireya Gómez Contreras, directora ejecutiva de Esperanza Community Farms y miembro activa de CORA, destaca que sí es posible cultivar sin productos químicos tóxicos. “Se pueden usar sustancias orgánicas para proteger las cosechas sin poner en riesgo la salud de los trabajadores ni la de los residentes”, asegura. Según ella, los condados de Santa Cruz y Monterey deben actuar con urgencia, presionando a compañías grandes como Driscoll’s para que hagan la transición completa a prácticas orgánicas, especialmente en zonas cercanas a centros escolares.
“El riesgo de cáncer y otros padecimientos en niños que asisten a escuelas rodeadas por ranchos convencionales es real”, explica Gómez Contreras. “Los pesticidas que se aplican en esos campos entran al aire, contaminan el suelo y afectan directamente la salud de los estudiantes”.
La líder comunitaria también enfatiza que hay muchos mitos sobre la agricultura orgánica. “Sí se puede. Existen ayudas económicas del gobierno para apoyar a los agricultores en esta transición”, afirma, y añade que cada vez más productores se están sumando al cambio, en parte gracias a la mayor conciencia de los consumidores.
Adán Bolaños, también miembro de CORA, coincide: “Los pesticidas que se utilizan hoy en día en los campos son altamente tóxicos. Causan cáncer, problemas de aprendizaje y más”. Bolaños señala que Driscoll’s, una de las empresas más grandes de la región, ya cultiva el 20% de sus productos de manera orgánica, por lo que cree que tienen la capacidad de realizar un cambio completo.
Intentamos contactar a representantes de Driscoll’s, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, la Comisión de la Fresa envió un comunicado donde reafirma su compromiso con la comunidad: “Los agricultores han vivido en el Valle del Pájaro por generaciones. Sus hijos asisten a las escuelas locales y se preocupan profundamente por la salud y seguridad de todos”. También destacaron que California cuenta con las normas más estrictas del país para el uso de pesticidas, y que los comisionados agrícolas locales tienen autoridad para imponer regulaciones adicionales según las condiciones locales.
Mientras tanto, una nueva iniciativa está en marcha. El Departamento de Regulación de Pesticidas de California escuchará comentarios públicos para formar el Comité de Justicia Ambiental, una propuesta impulsada por organizaciones como Agricultura Segura, Escuelas Seguras. El comité estará formado por entre 7 y 11 miembros de la comunidad, activistas, expertos y legisladores.
Yanelli Martinez dijo:
“Este comité será la voz del pueblo dentro de los espacios donde se toman decisiones que nos afectan a todos”, explican líderes comunitarios. Entre sus objetivos estará asesorar sobre temas cruciales como la notificación de fumigaciones y la protección efectiva de todas las comunidades, no solo de unas cuantas.
Se espera que el Departamento de Regulación de Pesticidas escoja a los integrantes del Comité de Justicia Ambiental antes de que finalice el año.
