SEASIDE, California — Según se describe en una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, Juan Carlos Portillo Contreras, originario de El Salvador y residente en los Estados Unidos, fue detenido recientemente por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), provocando una ola de apoyo y frustración en la comunidad de Monterey.
Juan Carlos, conocido como “JC”, ha vivido en EE.UU. durante aproximadamente 25 años. Durante este tiempo, ha trabajado arduamente y ha sido un miembro activo y respetado de la comunidad, laborando en el restaurante Wild Fish en Pacific Grove. Personas que lo conocen lo describen como un ser humano ejemplar, dedicado a su familia y a su comunidad.
Según la información publicada en su campaña de GoFundMe, JC enfrentó complicaciones legales luego de regresar brevemente a El Salvador para asistir al funeral de sus padres. Esta salida del país llevó a que un juez revocara su solicitud de asilo inicial, emitiendo una orden de deportación. Sin embargo, JC apeló con éxito y logró presentar una nueva solicitud de asilo que se encuentra actualmente en trámite.
Con su proceso en curso, se le entregó una tarjeta que lo obliga a presentarse ante ICE cada dos meses. En su cita de febrero, se le aseguró que no tenía de qué preocuparse, ya que mientras su solicitud estuviera activa, no sería deportado. Sin embargo, en su cita del 4 de junio, fue arrestado sin previo aviso ni oportunidad de hacer arreglos.
La detención de Juan Carlos ha movilizado a muchos en la comunidad. Mary Adams, una conocida líder comunitaria del condado de Monterey, expresó su indignación por la situación:
“Juan Carlos es un buen hombre, de familia. Conozco a JC desde hace años y es frustrante lo que está pasando. Él estaba siguiendo todas las reglas”, comentó.
La campaña de recaudación tiene como objetivo apoyar a la familia de JC con gastos como la hipoteca de su casa en Seaside, su posible fianza tras la liberación y otras necesidades urgentes.
Ante la creciente preocupación por las redadas y detenciones, el supervisor del condado de Monterey, Luis Alejo, tomó medidas para proteger a los negocios locales. Alejo adaptó un cartel originalmente creado por la Unión de Campesinos para oficinas, convirtiéndolo en una herramienta que los comerciantes pueden colocar en las puertas de sus negocios.
“Es importante dar un aviso claro a las agencias federales como ICE o la Patrulla Fronteriza: no pueden ingresar a áreas privadas de los negocios sin una orden judicial. Es un derecho constitucional”, explicó Alejo.
Delia Luevano, administradora del centro comercial El Mercado, ya comenzó a distribuir los primeros carteles:
“Ahorita voy a poner los primeros en La Movida y en Barrio, y cuando me den el OK en Portland, Oregón, los demás negocios también los colocarán”, dijo.
