(Costa Central).- Una nueva propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) está provocando inquietud entre organizaciones comunitarias y defensores de vivienda en todo Estados Unidos, debido a su posible impacto en miles de familias de bajos ingresos.
El cambio planteado por HUD exigiría que todos los miembros de un hogar que recibe asistencia de vivienda sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con estatus migratorio legal. De implementarse, la medida afectaría directamente a familias mixtas aquellas donde algunos integrantes tienen estatus legal y otros no que actualmente reciben apoyo a través del programa Sección 8.
En respuesta, los supervisores del condado de Santa Cruz votaron de manera unánime para oponerse a la propuesta federal. Autoridades locales expresaron su preocupación por las posibles consecuencias sociales, incluyendo la separación de familias.
Felipe Hernández, supervisor del condado de Monterey, señaló que la decisión busca enviar un mensaje claro tanto a nivel local como federal.
“Pasamos una resolución que todos los supervisores votaron… estamos oponiéndonos a los cambios que está viendo el Departamento de Vivienda. Vamos a mandar una carta aquí en Santa Cruz, pero también a Washington D.C., porque no queremos familias que se separen en nuestra comunidad”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones nacionales, hasta 80 mil personas podrían perder acceso a vivienda subsidiada bajo esta normativa, incluyendo cerca de 37 mil niños. Defensores advierten que esto podría obligar a muchas familias a tomar decisiones difíciles: separarse o enfrentar el riesgo de quedarse sin hogar.
A nivel local, el impacto también sería significativo. Ray Cancino, director de Puentes de la Comunidad, indicó que más de 250 familias —equivalentes a más de mil personas podrían verse afectadas en el condado de Santa Cruz.
“Hay mucha gente que no puede encontrar apartamentos. El costo de vivienda es muy alto, y sabemos que esto va a afectar mucho a quienes no pueden buscar otro hogar”, explicó.
Organizaciones en todo el país continúan movilizándose contra la medida, enviando cartas y dialogando con representantes federales. Argumentan que la propuesta no solo pondría en riesgo a familias vulnerables, sino que también podría agravar la ya crítica crisis de vivienda asequible en Estados Unidos.
Mientras el debate avanza en Washington, comunidades locales como Santa Cruz se preparan para defender políticas que, aseguran, prioricen la estabilidad familiar y el acceso equitativo a la vivienda.
