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Nuevo México Obtiene una Victoria Histórica contra Facebook en el Caso de Cambridge Analytica

SANTA FE, Nuevo México – El Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, anunció hoy una victoria financiera histórica en el emblemático caso de Cambridge Analytica contra Facebook. Un fallo judicial exige a la empresa pagar 25 mil millones de dólares en multas civiles por violaciones de la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México.

Nuevo México ha asegurado una de las multas financieras más grandes impuestas a una corporación en la historia de EE.UU. y una victoria significativa al responsabilizar a Facebook bajo la ley estatal de protección al consumidor. Esto se produce tras un veredicto del jurado que determinó que Facebook cometió 43,899,725 violaciones de la ley de Nuevo México, un número asombroso que refleja la magnitud de la conducta ilegal de la compañía hacia los habitantes de Nuevo México.

“Este es un día histórico para Nuevo México y para los consumidores de todo el país,” declaró el Fiscal General Raúl Torrez. “Durante demasiado tiempo, las poderosas empresas tecnológicas han operado como si su tamaño e influencia las pusieran fuera del alcance de la ley. Un jurado de Nuevo México encontró casi 44 millones de violaciones de nuestra ley de protección al consumidor, y esta orden de multa demuestra que esas violaciones tienen consecuencias reales. Nos enfrentamos a una de las empresas más grandes del mundo porque los habitantes de Nuevo México merecen honestidad, responsabilidad y la protección de su información personal. El resultado de hoy deja claro que ninguna corporación es demasiado poderosa para ser responsabilizada.”

Contexto del Caso

El caso surgió de la conducta de Facebook en torno al escándalo de Cambridge Analytica, que atrajo la atención internacional sobre el uso indebido de información personal recabada a través de la plataforma. La litigación del Estado fue más allá del escándalo en sí, desafiando las representaciones de Facebook a los consumidores sobre sus prácticas de datos y sus esfuerzos para abordar la desinformación y el discurso de odio.

En la primera fase del juicio, un jurado de Nuevo México determinó que Facebook violó la Ley de Prácticas Desleales del Estado 43,899,725 veces. El veredicto siguió a un juicio que examinó las declaraciones y prácticas de la compañía en relación con la privacidad del usuario, el acceso de terceros a información personal y su manejo de contenido dañino.

Los hallazgos del jurado establecieron la responsabilidad. La posterior orden de penalización del tribunal determina las consecuencias financieras de esa conducta bajo la ley de Nuevo México.

Importancia de la Decisión

La magnitud del veredicto subraya la importancia de las leyes estatales de protección al consumidor como herramienta para responsabilizar a las empresas tecnológicas. Nuevo México llevó su caso de manera independiente, en lugar de unirse a un acuerdo multijurisdiccional, asegurando que las alegaciones del Estado fueran evaluadas en el tribunal y que Facebook fuera responsabilizada bajo la ley de Nuevo México.

“Este caso siempre ha sido sobre más que una sola empresa o un solo escándalo,” dijo Torrez. “Se trata de si las corporaciones pueden engañar a los consumidores sobre lo que sucede con su información personal sin enfrentar consecuencias significativas. Nuevo México mantuvo su posición, llevó este caso a juicio y logró un veredicto que establece millones de violaciones de nuestra ley. Este resultado refuerza un principio fundamental: las empresas que operan en nuestro estado deben seguir nuestras leyes y respetar los derechos de nuestra gente.”

El Departamento de Justicia de Nuevo México continuará persiguiendo la responsabilidad cuando las empresas participen en prácticas comerciales engañosas o ilegales. El caso demuestra la disposición del Estado para utilizar su autoridad de cumplimiento independiente para desafiar la conducta corporativa que perjudica a los consumidores y socava la confianza pública.

La orden de penalización representa un hito importante en ese trabajo y refuerza el papel de los fiscales generales estatales en la aplicación de las leyes de protección al consumidor en una economía cada vez más digital.

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