(Santa Cruz).- El Condado de Santa Cruz fue escenario esta semana de una ceremonia conmemorativa en honor a las víctimas de crimen, realizada frente a la corte del condado como parte de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crimen.
La vigilia fue organizada por el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de la fiscalía, una tradición establecida desde 1981 que busca generar conciencia sobre el impacto de la violencia en la comunidad y reforzar el apoyo a quienes han sido afectados. Durante el evento, autoridades locales subrayaron la importancia de que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias de sus actos, al tiempo que reiteraron el compromiso institucional con las víctimas.
Uno de los temas centrales fue el proyecto de ley AB 1902, impulsado por la asambleísta Gail Pellerin. La propuesta surge a raíz del análisis del caso de Adrian González, ocurrido en 2015, que conmocionó a la comunidad por el asesinato de la niña Madyson “Maddy” Middleton.
La iniciativa legislativa plantea modificar el proceso de audiencias de extensión de detención, aumentando el intervalo entre revisiones de dos a cuatro años. Asimismo, contempla ampliar las opciones de tratamiento para ofensores, incluyendo su traslado a hospitales de salud mental cuando sea necesario. Según sus promotores, estos cambios buscan brindar mayor estabilidad al proceso, reducir el impacto emocional en las víctimas y garantizar una atención más adecuada para las personas bajo custodia.
Durante la ceremonia, la madre de Maddy Middleton expresó fuera de cámaras su respaldo a la propuesta.
Pellerin explicó que presentó el proyecto desde una perspectiva personal, como madre y residente del condado. Recordó que el caso fue procesado en el sistema juvenil y que, años después, el responsable permanece en una instalación de tratamiento. Añadió que las audiencias periódicas generan incertidumbre constante para las familias afectadas.
El proyecto AB 1902 ya fue aprobado en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea estatal y continuará avanzando en el proceso legislativo. Autoridades, fiscales y miembros de la comunidad expresaron su apoyo, señalando que la medida busca equilibrar la rendición de cuentas, la seguridad pública y el respeto a las víctimas.
