Noticias Nueva Inglaterra – Massachusetts (WUNI/WUVN)
Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de participar en una presunta red de matrimonios fraudulentos que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ayudaba a personas sin estatus migratorio legal a obtener documentos migratorios mediante uniones falsas con ciudadanos estadounidenses.
La investigación federal señala a Jennifer Gonzalez, de 43 años y residente de Fall River, como la presunta líder de la organización, que habría operado durante al menos diez años y generado millones de dólares.
Según los documentos judiciales, la red organizaba aproximadamente 18 a 20 matrimonios fraudulentos al año, cobrando entre $38,000 y $40,000 por cada uno.
¿Quiénes son los seis acusados?
Las personas señaladas por las autoridades federales son:
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Jennifer Gonzalez, 43 años, de Fall River.
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Erica Daniels, 29 años, de Fall River.
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Chreise Alejandro, 39 años, de Fall River.
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Amara Pugh, 31 años, de Fall River.
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Jessica Tavares, 31 años, de Attleboro.
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Jaylin Hill, 26 años, de Fall River.
Los seis enfrentan cargos relacionados con conspiración para albergar a personas sin estatus migratorio legal, alojamiento ilegal de dichas personas, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
Cinco de los acusados fueron arrestados y tenían programadas sus primeras comparecencias ante un tribunal federal. Hill ya se encontraba cumpliendo una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Así habría funcionado la presunta red
De acuerdo con la investigación, Gonzalez cobraba a sus clientes por organizar matrimonios con ciudadanos estadounidenses para que posteriormente pudieran presentar solicitudes migratorias fraudulentas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Las autoridades alegan que Daniels, Alejandro, Tavares y Hill recibían pagos para participar en uno o más de estos matrimonios, mientras que Pugh trabajaba como secretaria del negocio.
Los investigadores sostienen que Gonzalez también instruía a sus clientes sobre cómo aparentar que mantenían relaciones matrimoniales legítimas.
Entre las estrategias presuntamente utilizadas se encontraban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y tomar fotografías de bodas y actividades sociales en pareja.
Según los documentos judiciales, la preparación de estas pruebas podía tomar entre tres y cuatro meses.
Además, algunos clientes supuestamente realizaban pagos mensuales de $500 a las personas con quienes se habían casado o a alguien cercano a ellas.
Investigación incluye grabaciones y presunto uso indebido de beneficios públicos
Durante la investigación, las autoridades obtuvieron grabaciones de audio y video en las que Gonzalez presuntamente coordinaba documentos para ocultar la verdadera naturaleza de los acuerdos.
En una de las operaciones documentadas, habría recibido $3,000 en efectivo como anticipo para organizar un matrimonio fraudulento.
Los fiscales también aseguran que Gonzalez utilizaba parte de las ganancias para comprar propiedades y negocios en República Dominicana.
La investigación incluye posibles irregularidades relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Según los documentos judiciales, varios acusados habrían proporcionado información falsa sobre su estado civil en solicitudes de beneficios alimentarios.
En el caso de Gonzalez, las autoridades alegan que recibió y gastó más de $120,000 en beneficios de SNAP mientras presuntamente operaba la red y adquiría propiedades en República Dominicana.
¿Qué penas podrían enfrentar?
Los cargos de alojamiento ilegal de personas sin estatus migratorio legal y conspiración para cometer ese delito contemplan penas máximas de 10 años de prisión por cargo.
Por su parte, los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo pueden alcanzar penas máximas de cinco años de prisión por cargo.
Cada uno de estos delitos también contempla hasta tres años de libertad supervisada y multas de hasta $250,000.
Las posibles sentencias dependerán de las decisiones del tribunal federal y de las disposiciones legales aplicables.
La investigación continúa abierta y está a cargo de autoridades federales, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y USCIS.
Los seis acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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Fuente original: Noticias Nueva Inglaterra
21 Oct, 2026
