Salinas, CA.-La Fiscalía del Condado de Monterey anunció que cerró la investigación sobre presuntas irregularidades en la recolección de firmas para una petición que busca restablecer protecciones para inquilinos en Salinas. Aunque inicialmente surgieron dudas sobre un posible intercambio ilegal de comida a cambio de firmas, la fiscalia concluyó que no hubo violación a la ley.
La investigación se inició tras publicaciones en redes sociales que promocionaban eventos comunitarios con comida gratuita donde se
informaba sobre la propuesta y se invitaba a los asistentes para firmar. Esto generó sospechas entre algunos sectores, que aseguraban que la comida solo se ofrecía a quienes firmaran la petición. Sin embargo, tras entrevistar a 77 participantes, los investigadores encontraron que solo seis dijeron creer que debían firmar para recibir alimentos. Para la fiscalía, ese malentendido no constituye delito, siempre que la comida esté disponible para todos sin condición.
Jesús Valenzuela, representante de la organización Protegiendo a los Inquilinos en Salinas, celebró la decisión y afirmó que tanto el grupo como sus voluntarios siempre actuaron conforme a la ley. “Sabemos que las quejas en nuestra contra no eran ciertas. Ahora podemos enfocarnos en el futuro”, señaló.
El fiscal adjunto Berkley Brannon explicó que el objetivo central de la investigación era determinar si existía un patrón sistemático de intercambio de comida por firmas. Aunque reconoció que hubo comentarios y una grabación que generaron inquietudes, aclaró que “no se encontró evidencia de que esa práctica fuera ilegal”.
La revisión del caso también generó preocupación en organizaciones comunitarias. Nidia Soto, de Construyendo Comunidades Saludables, afirmó que algunas de las personas entrevistadas por investigadores se sintieron intimidadas, especialmente en un contexto político marcado por tensiones migratorias y operativos federales. “Para muchos, recibir la visita de un oficial por su trabajo voluntario fue una experiencia incómoda y temerosa”, dijo.
Con la investigación cerrada, las organizaciones defensoras de inquilinos esperan ahora que las protecciones de renta puedan ser ratificadas en la boleta electoral de noviembre de 2026.
