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Salida voluntaria: 3 claves legales antes de frenar tu deportación en EE. UU.

Noticias Nevada – LAS VEGAS (KINC) – Ante un proceso de deportación en los Estados Unidos, la salida voluntaria surge con frecuencia como una alternativa legal; sin embargo, no representa un beneficio garantizado ni una opción conveniente para todos los casos.

De acuerdo con el abogado de inmigración Haim Vasquez, existe una distinción crucial entre ambas resoluciones. “Una orden de deportación es un castigo otorgado ya sea por un juez o un oficial de inmigración. La salida voluntaria es en parte un beneficio migratorio el cual, de por sí, otorga una salida del país y no junta un castigo adicional”, precisó el especialista. Esta diferencia permite que la persona no acumule las sanciones asociadas a una orden de remoción formal, dejando mayores posibilidades de regularizar su situación en el futuro según su historial previo.

Requisitos y evaluación de antecedentes

La aprobación de esta medida no se concede por el simple deseo de marcharse. Al solicitarla frente a un juez o un oficial, las autoridades examinan minuciosamente el expediente del migrante.

Cualquier récord criminal o antecedentes migratorios pueden truncar la solicitud. “Dificultades, arrestos o sentencias de culpabilidad de ciertos delitos podrían afectar y el juez de inmigración negar esa solicitud de salida voluntaria”, advirtió Vasquez

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El riesgo de perder peticiones o solicitudes de asilo pendientes

Uno de los mayores peligros recae sobre quienes mantienen abiertos procesos de asilo, peticiones familiares u otros recursos de ajuste de estatus.

El abogado subrayó que la persona debe definir si dejar el país perjudicaría dichos trámites, pues en ciertas ocasiones marcharse bajo salida voluntaria permite continuar gestiones en el exterior, pero en otros escenarios conduce al cierre definitivo del caso. “En otras ocasiones ciertos procesos migratorios quedarían terminados por abandono”, enfatizó.

Por ello, especialistas recomiendan asesorarse con un abogado antes de firmar acuerdos de salida. Cada caso individual conlleva implicaciones legales distintas y no otorga ventajas migratorias automáticas sin una previa evaluación jurídica.

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