(Watsonville) CA.- El Concilio de Watsonville y los supervisores del condado han unido fuerzas para enviar un mensaje directo a las agencias federales: los espacios públicos de la comunidad no son, ni serán, plataformas para operativos de inmigración.
Con una votación unánime, el Concilio aprobó una resolución que protege parques, estacionamientos públicos y oficinas de la ciudad para que no sean utilizados en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Aprobamos una resolución que protege los lugares públicos de la ciudad para que no sean utilizados para operativos de inmigración”, señaló la concejal María Orozco.
La medida también prohíbe el uso de fondos y personal municipal para investigar o detener a personas basándose únicamente en su estatus migratorio. Con esta acción, Watsonville refuerza su estatus de “ciudad santuario”, una postura que mantiene desde 2007 y que busca garantizar que los residentes puedan acceder a servicios públicos y reportar delitos al Departamento de Policía de Watsonville sin temor a represalias.
Queremos asegurarnos de que puedan usar nuestros parques y edificios públicos sin temor a actividad migratoria. Dejarles claro que la ciudad está con ellos y que deben sentirse seguros al acceder a los servicios en lugares públicos de la ciudad”, agregó Orozco.
De manera paralela, los supervisores del Condado de Santa Cruz emitieron una resolución unánime condenando lo que calificaron como una reciente “escalada de violencia” en operativos realizados por agencias federales de inmigración.
Felipe Hernández, supervisor del Condado de Monterey, expresó su respaldo a la medida y señaló que existe preocupación entre las familias inmigrantes.
Pasaron una resolución que denuncia la violencia y la incriminación contra nuestros inmigrantes aquí en el condado de Santa Cruz. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo de ir al doctor o a las escuelas públicas, por el temor de que llegue inmigración”, afirmó.
Con esta doble acción legislativa, la región busca restaurar la confianza en las instituciones públicas y garantizar que ningún residente, sin importar su estatus legal, tenga miedo de caminar por las calles o solicitar servicios básicos.
