Salinas, California — Nos encontramos en la calle Alisal, donde vendedores ambulantes reciben con agrado una nueva ley estatal que promete mejorar su calidad de vida. Para muchos, esta medida significa poder trabajar con menos miedo y mayor dignidad.
Se trata de la Ley de Protección para Vendedores Ambulantes (SB 635), firmada por el gobernador Gavin Newsom, la cual prohíbe a los gobiernos locales solicitar información sobre el estatus migratorio de quienes trabajan en la venta callejera. La norma también resguarda los datos personales de los comerciantes y ordena la destrucción de registros sensibles antes del 1 de marzo de 2026.
Además, ya no se podrán exigir huellas digitales como parte del proceso para obtener un permiso de venta, un requisito que anteriormente causaba temor entre quienes no cuentan con documentación migratoria.
Uno de los beneficiados es Ricardo Acosta, un joven de 19 años que, junto a su madre, mantiene a una familia numerosa con 12 hermanos.
Está bien porque no pueden pedirnos información. Aquí pagamos permiso también. Estamos más protegidos con esta ley”, dijo Ricardo, quien vende naranjas y cacahuates en su puesto.
Aunque pausó sus estudios por necesidad, Ricardo cuenta que terminó la preparatoria y decidió dedicarse al negocio familiar.
Me concentré en la flor porque aquí mantengo a mi familia. Yo le ayudo a mi jefa con el negocio. Me gusta ayudar”, añadió.
La abogada de inmigración Blanca Zarazúa explicó que esta ley exige a las agencias locales comenzar ya mismo a eliminar cualquier información sensible que hayan recopilado de vendedores ambulantes.
Desde ahora deben estar limpiando todos los récords para que no quede nada. Si alguien viene buscando algo, no habrá nada que compartir”, indicó Zarazúa.
Las ciudades y condados tampoco podrán entregar datos como nombres, direcciones, fechas de nacimiento, identificadores de redes sociales o licencias de conducir a agencias federales, salvo que exista una orden judicial.
Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
