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Ley de Colorado sobre redes sociales exigirá responder órdenes judiciales en 72 horas

Denver, Colorado. — 31 de julio de 2026. A partir del 12 de agosto, entrará en vigor en Colorado una nueva ley de Colorado sobre redes sociales que obligará a las plataformas digitales a responder órdenes de registro (search warrants) emitidas por las autoridades en un plazo máximo de 72 horas.

La medida tiene como objetivo acelerar las investigaciones criminales que dependen de información almacenada en servicios digitales y redes sociales.

También deberán contar con una línea de atención para la policía

La legislación, conocida como Senate Bill 11 (SB 11), establece además que las compañías de redes sociales deberán habilitar una línea telefónica atendida por personal para que las agencias de seguridad de Colorado puedan comunicarse directamente sobre órdenes judiciales pendientes.

Con ello, los legisladores buscan reducir los retrasos en la entrega de información solicitada legalmente por los investigadores.

Una versión más limitada de un proyecto anterior

La nueva norma es una versión reducida de una iniciativa presentada el año pasado.

En 2025, una propuesta similar incluía disposiciones sobre moderación de contenido y protección de menores en redes sociales.

Aunque esa iniciativa fue aprobada por la Legislatura estatal, el gobernador Jared Polis la vetó al considerar que algunas disposiciones obligaban a las empresas tecnológicas a aplicar leyes estatales y contemplaban requisitos de recopilación de datos que generaban preocupación.

Más tarde, el Senado intentó revertir el veto, pero la medida no consiguió el respaldo suficiente en la Cámara de Representantes.

Amplio respaldo de distintos sectores

La versión finalmente aprobada obtuvo apoyo de diversos sectores, entre ellos:

  • Agencias de seguridad pública.
  • Proveedores de servicios de salud.
  • Organizaciones defensoras de la infancia y la juventud.

Sus impulsores sostienen que reducir los tiempos de respuesta permitirá agilizar investigaciones relacionadas con delitos graves y mejorar la capacidad de las autoridades para obtener evidencia digital de manera oportuna.

La ley entrará oficialmente en vigor el 12 de agosto de 2026.

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