San Diego, CA – Una reciente investigación ha puesto bajo la lupa el manejo de denuncias de abuso sexual en el Centro de Detención Otay Mesa, ubicado en San Diego. Según el reporte, durante el año 2025 no se habrían investigado directamente al menos siete denuncias de agresión sexual por parte de las autoridades locales.
Documentos proporcionados por el medio Cal Matters revelan que funcionarios de la Oficina del Alguacil del Condado de San Diego no llevaron a cabo investigaciones en estos casos. En lugar de ello, la responsabilidad fue delegada al personal civil empleado por la empresa privada CoreCivic.
Este procedimiento está amparado por un memorando de entendimiento firmado en 2020 entre las partes implicadas.
Pedro Ríos, director del Comité de Amigos, expresó su inquietud sobre esta situación:
“Es una situación muy preocupante de que sean tantos casos y aparte que aquí no sabemos quiénes van a estar llevando a cabo la investigación.” “Si va a ser la empresa misma, pues no nos da mucha confianza de que va a haber transparencia… no sabemos tampoco si las víctimas son empleados o personas migrantes detenidas.”
En virtud de este acuerdo, el responsable del centro tiene la autoridad para decidir si las denuncias de violación deben ser investigadas. Actualmente, las instalaciones albergan a aproximadamente 1,500 detenidos, la mayoría a la espera de audiencias judiciales sin una condena.
Datos oficiales y reportes
El Departamento del Alguacil confirmó que en 2025 se identificaron un total de 11 incidentes:
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7 denuncias de violación
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4 casos de agresión con intención de cometer violación
En todos los casos, las denuncias fueron presentadas por miembros del equipo directivo de CoreCivic, sin ninguna proveniente directamente de los detenidos.
Las autoridades además señalaron que en la mayoría de los reportes no se solicitó la presencia de agentes en el lugar, siendo suficiente para CoreCivic obtener solo un número de incidente.
El tema fue tratado en una reciente reunión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. La supervisora Terra Lawson expresó su inquietud:
“Francamente, creo que me siento profundamente incómoda con la idea de que CoreCivic decida si algo es lo suficientemente grave como para llamarlos.”
Mientras tanto, la jefa del alguacil, Kelly Martínez, respondió:
“No trabajamos en esas instalaciones. No tenemos acceso directo a ninguna persona que se encuentre encarcelada allí.”
CoreCivic defendió sus políticas afirmando que mantiene una postura de “cero tolerancia” frente al abuso sexual, y señaló que existen mecanismos para la presentación de denuncias, además de ofrecer servicios médicos y apoyo emocional a las presuntas víctimas.
No obstante, la compañía no comentó sobre la existencia de acuerdos similares con otras agencias ni ofreció detalles sobre potenciales memorandos adicionales en el condado.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Heder Casas
25 Mar, 2026
