ROYAL OAKS, Calif. — Un acuerdo judicial alcanzado el 3 de agosto puso fin a una disputa de tres años relacionada con las condiciones de vivienda de trabajadores en una propiedad de Royal Oaks, donde las autoridades encontraron a aproximadamente 270 personas viviendo en estructuras improvisadas y en condiciones consideradas insalubres.
Los propietarios de Ruvalcaba Nursery, Nicolás y Ana Ruvalcaba, acordaron pagar aproximadamente 800 mil dólares como parte de los acuerdos alcanzados en los casos civiles y penales derivados de las condiciones de la propiedad y otras acusaciones.
De esa cantidad, 450 mil dólares corresponden a restitución para las víctimas, mientras que el resto incluye impuestos no pagados, multas y sanciones para distintas agencias y el tribunal.
El caso salió a la luz en 2023, cuando las autoridades descubrieron que decenas de familias y trabajadores vivían dentro de estructuras ubicadas en la propiedad, incluyendo más de 68 unidades construidas dentro de invernaderos.
Según las autoridades, las viviendas presentaban condiciones peligrosas, incluidos riesgos de incendio, y carecían de elementos básicos de seguridad, como detectores de humo, salidas de emergencia, ventanas operables, ventilación adecuada y sistemas de calefacción requeridos.
Casi 30 residentes posteriormente presentaron una demanda contra los propietarios, alegando que habían sido alojados en condiciones peligrosas.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Monterey presentó posteriormente cargos contra los Ruvalcaba, incluyendo acusaciones relacionadas con evasión fiscal y la falta de seguro de compensación para los trabajadores, además de cargos vinculados con las condiciones de las viviendas.
Como parte del acuerdo, los propietarios deberán pagar la restitución, multas y sanciones dentro de un plazo establecido por el tribunal. En caso de incumplimiento, el tribunal podría designar a un receptor para vender la propiedad y utilizar los fondos para cubrir cualquier saldo pendiente.
Las familias que vivían en la propiedad también recibieron asistencia para encontrar otros lugares donde vivir.
Además, los Ruvalcaba quedaron sujetos a restricciones para construir estructuras sin los permisos correspondientes o permitir que personas residan en edificios que no hayan sido aprobados para vivienda por el Condado de Monterey.
La sentencia está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior del Condado de Monterey, en Salinas.
