(Salinas). CA.- Después de varias reuniones y audiencias públicas, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey aprobó por unanimidad un paquete de medidas destinado a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del debido proceso de las personas bajo custodia del condado.
Con una votación de 5 a 0, los supervisores autorizaron una serie de acciones que incluyen la creación de una Oficina Independiente del Inspector General, respaldada por un panel asesor comunitario, para supervisar las operaciones de la Oficina del Alguacil y revisar posibles preocupaciones relacionadas con la custodia y el trato de las personas detenidas.
La supervisora del Condado de Monterey, Wendy Askew, explicó que la junta dio instrucciones para avanzar con la contratación de un inspector general independiente que contará con el apoyo de representantes de la comunidad para brindar mayor supervisión y confianza pública.
“Se busca tener una supervisión independiente que ayude a garantizar la transparencia y la responsabilidad en las operaciones de la Oficina del Alguacil”, señalaron autoridades del condado.
Como parte del paquete aprobado, los supervisores también decidieron poner fin a la participación del condado en el programa SCAAP, un programa federal que proporciona reembolsos por parte de los costos relacionados con la encarcelación de personas inmigrantes. Los funcionarios indicaron que buscarán fuentes alternativas de financiamiento debido a preocupaciones sobre el intercambio de información con el gobierno federal sobre personas que ingresan a la cárcel, hayan sido condenadas o no.
Representantes de la comunidad y defensores de los derechos de los inmigrantes, incluyendo a Clarissa Reyes Becerra del Proyecto de Inmigración de California, expresaron sus opiniones sobre las nuevas medidas y destacaron la importancia de establecer mecanismos independientes de vigilancia.
Además, el condado revisará su política de empleo externo para reducir posibles conflictos de interés, incluyendo la participación de empleados en actividades relacionadas con la aplicación de leyes federales de inmigración.
Los supervisores también reafirmaron que la ley estatal SB 54 no obliga al alguacil a colaborar de manera discrecional con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Asimismo, ordenaron desarrollar normas para evitar que recursos, personal o propiedades del condado sean utilizados en operativos de inmigración civil, excepto cuando la ley lo exija.
Las autoridades indicaron que estas medidas buscan fortalecer la confianza entre la comunidad y las instituciones encargadas de la seguridad pública.
