San Diego, CA — El Comité de Presupuesto y Eficiencia Gubernamental del Concejo Municipal de San Diego revisó este martes una serie de acuerdos legales y litigios de la ciudad, con especial atención en los casos vinculados al Departamento de Policía de San Diego, que han representado un costo de millones de dólares para los contribuyentes.
Durante la sesión, el presidente del comité, el concejal Henry Foster, pidió mayor transparencia sobre el aumento en los costos de responsabilidad civil y planteó dudas sobre la tendencia de reclamaciones y demandas relacionadas con la policía.
“La forma en que la ciudad asigna nuestros recursos públicos es obscenamente inequitativa. La ciudad tiene la responsabilidad de entender el impacto fiscal de los acuerdos y las sentencias y lo que significan para los contribuyentes”, dijo Foster.
El concejal advirtió que estos pagos terminan afectando servicios básicos como bibliotecas, parques y mantenimiento de calles, una preocupación compartida por varios residentes.
“Violan nuestras libertades civiles. Actúan sin consecuencias reales y luego esperan que el público pague la cuenta, mientras se desvían fondos de servicios esenciales”, expresó Nicole Lily, residente.
Foster también cuestionó la repetición de estos casos y pidió revisar qué cambios de política pública se han implementado para evitar que el problema continúe.
“¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de políticas públicas para mitigar estos problemas continuos? Porque siguen ocurriendo según lo que estamos viendo en el litigio”, señaló.
De acuerdo con los datos presentados al comité, desde 2017 la ciudad ha pagado más de 116 millones de dólares en litigios y acuerdos relacionados con la policía. Solo en el año fiscal 2026, los pagos alcanzaron 42 millones de dólares.
“Estamos enfrentando más de 40 millones de dólares en pagos. Esto exige una conversación seria”, agregó Foster.
Entre los desembolsos más altos figura un acuerdo de 30 millones de dólares con la familia de Konoa Wilson, un adolescente de 16 años que fue baleado y asesinado por un oficial mientras huía.
“La vida de Konoa Wilson valía más de 30 millones de dólares”, dijo el concejal Sean Elo-Rivera.
Otro pago importante fue el acuerdo de 10 millones de dólares otorgado a las hermanas de Arabella McCormack, una niña de 11 años que murió en 2022 por desnutrición severa y abuso.
Elo-Rivera sostuvo que el impacto de estos casos va más allá de las cifras y afecta la relación entre la ciudad y las comunidades a las que sirve.
“También hay una pérdida de confianza en las comunidades que la ciudad tiene la responsabilidad de proteger. Esa erosión de confianza tiene un costo incalculable”, afirmó.
Por su parte, el capitán de la División de Entrenamiento, Mike Ramsey, defendió los programas de capacitación del departamento y aseguró que se mantienen procesos de revisión continua.
“Los casos están relacionados con uso de fuerza, tácticas defensivas, arrestos y detenciones. Todo eso forma parte de nuestra capacitación continua”, explicó Ramsey.
Ramsey añadió que el departamento sigue evaluando incidentes y actualizando su formación para reducir el riesgo legal para la ciudad.
“Las inversiones continuas en estas áreas serán clave para mitigar la responsabilidad de la ciudad. El departamento evalúa incidentes significativos, cambios legales y expectativas de la comunidad para mejorar la capacitación”, indicó.
Aun así, el comité consideró que los casos recientes muestran que todavía hay trabajo pendiente para frenar el problema.
“Veo un patrón. Veo conducta indebida continua. No veo los esfuerzos correctivos necesarios para corregirlo”, dijo Foster.
Al cierre de la sesión, el comité pidió revisiones más frecuentes y reportes anuales de litigios antes de la elaboración del presupuesto municipal.
Fuente original: Noticias San Diego
18 Jun, 2026
