(Salinas, CA).-Un reporte publicado por el Departamento del Alguacil del Condado de Monterey revela que durante el año 2025 un total de 21 personas bajo custodia en la cárcel del condado fueron transferidas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que representa el doble de los casos registrados en 2024.
De acuerdo con Andy Rosas, portavoz del Departamento del Alguacil, dichas transferencias se realizaron conforme a la ley estatal SB 54, conocida como el Acta de los Valores de California, la cual regula estrictamente la cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.
La legislación, vigente desde 2017, prohíbe que las autoridades locales compartan información privada con ICE, salvo en casos muy específicos, cuando las personas detenidas enfrentan cargos graves o cuentan con condenas calificadas por la ley estatal.
“Existen criterios que indican en qué situaciones puede operar un condado. En los 58 condados del estado de California hay crímenes que son diferentes y más serios, como las felonías. Si una persona ha cometido ese tipo de crimen, podemos compartir información con ICE sobre esa persona”, explicó Rosas.
El informe detalla que los 21 reclusos transferidos enfrentaban cargos que van desde posesión de pornografía infantil y violencia doméstica, hasta robo, amenazas criminales, agresión con arma mortal y vandalismo. Las cifras muestran una variación significativa en los últimos años: en 2024 se registraron 11 transferencias; en 2023, solo 3; mientras que en 2022 se documentaron 21 casos similares.
Rosas subrayó que las personas transferidas habían sido declaradas culpables de delitos contemplados en el Acta de la Verdad. “Estas personas habían sido declaradas culpables de alguno de los crímenes que están establecidos en el acta. Por eso, 21 personas fueron trasladadas a la custodia de ICE”, afirmó.
No obstante, el incremento en las transferencias ha generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad y organizaciones locales. Johana Tapias, de la organización Red de Solidaridad, cuestionó la colaboración con el gobierno federal. “Se tienen que cancelar esos contratos con el gobierno federal. No deberíamos comunicarnos ni colaborar con ICE. Están jalando para hacer contratos, requeridos o no requeridos, con una agencia criminal como ICE”, expresó.
Ante estas críticas, el Departamento del Alguacil reiteró que no participa en la aplicación de leyes migratorias. “Nosotros no estamos aquí para asuntos que tengan que ver con migración”, sostuvo Rosas.
Las autoridades del condado aseguraron que únicamente comparten información con ICE en los casos que cumplen estrictamente con los criterios establecidos por la ley estatal y que continuarán operando bajo estas normas.
