Salinas, CA — Para muchos concejales y líderes comunitarios en Salinas, parece poco probable que los inquilinos y propietarios lleguen a un acuerdo voluntario sobre los límites de renta. Es por ello que diversos líderes locales consideran que la mejor solución es que el Concejo Municipal restituya la ordenanza de protección a inquilinos y así se evite una elección especial que podría costar más de 1.7 millones de dólares.
Aunque se esperaba que el Concejo tomara una decisión definitiva la noche del martes sobre el futuro de la ordenanza de estabilización de rentas, la votación fue postergada hasta el 23 de septiembre. Mientras tanto, el alcalde y otros funcionarios están haciendo un llamado al diálogo entre las partes involucradas.
“El alcalde quiere que el grupo que impulsó el referéndum se reúna con los propietarios para ver si es posible llegar a un acuerdo,” explicó el concejal Andrés Sandoval.
“Pero la realidad es que 10,400 personas firmaron no para negociar, sino para llevar el voto a la comunidad. Los inquilinos no quieren concesiones; quieren que se mantengan las protecciones.”
En junio, el Concejo aprobó una ordenanza para eliminar las regulaciones existentes sobre renta y desalojos. Sin embargo, una fuerte campaña de recolección de firmas organizada por el grupo Protect Salinas Renters logró frenar su anulación. Como resultado, las cuatro ordenanzas en cuestión,control de rentas, protección contra desalojos injustificados, medidas contra el acoso a inquilinos y registro de propiedades en renta, siguen vigentes.
“Los inquilinos y propietarios deben seguir cumpliendo con estas regulaciones mientras se resuelve el proceso,” aclararon funcionarios municipales.
Por su parte, el concejal José Luis Barajas expresó su desacuerdo con postergar la decisión.
“Debimos haber derogado la decisión anterior, darle tranquilidad a la comunidad y permitir que las ordenanzas entren plenamente en vigor. También debimos trabajar de inmediato con el comité asesor técnico para definir métricas claras y transparentes,” señaló Barajas.
Desde el sector comunitario, la exigencia es clara: que se restablezcan las protecciones sin ningún tipo de modificación por al menos un año. Así lo expresó Jesús Valenzuela, portavoz del grupo Protegiendo a los Inquilinos en Salinas.
“El concejo tiene básicamente tres opciones: restituir las protecciones, convocar a una elección especial o esperar a las elecciones generales del próximo año,” dijo Valenzuela.
Mientras tanto, las conversaciones continúan entre líderes comunitarios, representantes de inquilinos, propietarios y miembros del concejo. La fecha límite para tomar una decisión final está marcada en el calendario: el 23 de septiembre.
El próximo 23 de septiembre, los concejales de Salinas tomarán una decisión sobre esta ordenanza para proteger a los inquilinos.
